Desde la Constitución Política de 1886 se ha evidenciado el interés de los legisladores en incorporar artículos que propendan por la planificación del territorio. Es así como en el artículo 189 se delega la responsabilidad en el gobierno para determinar lo relativo a los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas en los entes territoriales. Sin embargo, los temas ambientales no siempre han estado dentro de sus intereses principales, es así como vemos que, en la mayoría de estos documentos, el objetivo principal es avanzar en el desarrollo, sin tener en cuenta una política que articule la protección a los recursos naturales con el progreso del país.
Colombia, es un país que por su ubicación geográfica es vulnerable al cambio climático, lo cual, en los últimos años, se reflejó en los intensos fenómenos de “La niña” cuando la oleada invernal dejó miles de damnificados debido a que las lluvias superaron los promedios históricos sumado a esto las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika o chincunguña amenazaron las poblaciones convirtiéndose en problemas de salud pública. Durante el fenómeno del “Niño” por sus prolongados veranos muchas comunidades que padecieron por la sequía, lo que amenaza no solo la seguridad alimentaria sino que origina incendios forestales, adicionalmente la disminución en los niveles de los embalses pune en riesgo el sistema eléctrico y nos empujaba a un posible racionamiento. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM, los ríos para el año 2015 presentaron el nivel mas bajo, por lo tanto, se vio con mas urgencia la adaptación prioritaria como única forma de disminuir la vulnerabilidad.
Sin embargo, pareciera que todas estas advertencias fueran pocas y las estrategias establecidas en los diferentes planes no fueran suficientes, ya que según el IDEAM “con respecto a superficie total del país ha venido disminuyendo de manera gradual desde 1990 con valores correspondientes a 56.4% en 1990, hasta 53% en 2010 y más recientemente y como se mencionó a 51.6% en 2014”[1] para que para el informe bienal del IDEAM (2010-2012) la cifra de deforestación era de 166.070 ha/año y para el año 2018 la cifra se ubico en 197.159 ha, las principales causas de este fenómeno son la praderización, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura vial, la extracción ilícita de minerales y el aprovechamiento forestal ilegal, lo que nos hace reflexionar que a pesar de que exista un esfuerzo internacional por mitigar y adaptarnos al cambio climático, estos no pueden hacerse realidad si a nivel los entes territoriales no existe un compromiso real ante estas nuevas realidades; ya que en muchas ocasiones en sus planes de gobierno no se incluyen estos temas o son tratados de manera transversal.
Sumado a esta situación, el componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que aunque definió tres “pactos estructurales” y veintidós “pactos adicionales” al analizar la distribución presupuestal solo se asignaron 12.812 millones de pesos para la gestión ambiental del país distribuidos en “Pacto IV por la sostenibilidad: producir conservando y conservando produciendo” y pacto IX “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” lo cual equivale a no más del 10% total de los recurso para ejecución del PND 2018-2022, situación que refleja el poco compromiso no solo con los temas ambientales, sino con el cumplimiento de las metas relacionadas con el cambio climático, para lo cual se requiere una articulación del estado, el sector privado, sector financiero y sobre todo de la ciudadanía, para que reconozcan que este fenómeno es verdadero y que afecta tanto a la económica como al medio ambiente y por consiguiente a los seres humanos
[1] IDEAM. Monitoreo y seguimiento de la deforestación en Colombia. http://www.ideam.gov.co/web/bosques/deforestacion-colombia
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