Desde el año 2011, en el marco de las medidas del PAL, se implementaron medidas para el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación frente a la investigación de crímenes y hechos de violencia cometidos contra sindicalistas, dicha capacidad instalada da cuenta de avances muy limitados en relación con los resultados y cambios esperados. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, “se tiene que la impunidad sigue superando el 90,0% en los casos de sindicalistas” . En el periodo reciente, a partir del análisis de las sentencias que fueron emitidas entre los años 2011 y 2019, se evidencia que la superación de la impunidad, aún no se ha logrado debido a factores como: i) la identificación de los autores materiales del crimen, pero no los determinadores, beneficiarios y/o autores intelectuales; ii) no se realiza un análisis de contexto que permita dilucidar la existencia de patrones y metodología criminal; iii) se ha avanzado en la identificación de los móviles del crimen, pero esto no repercute en la construcción de medidas de reparación que garanticen la no repetición, y iv) ha disminuido la capacidad de la rama judicial para evitar la impunidad sin que exista una política consistente de fortalecimiento institucional.
Ahora bien, entre los años 2011 y 2014, dentro del programa de la OIT, los Juzgados 10º y 11º Penales del Circuito Especializado de Bogotá y el 56 Penal del Circuito Ordinario de Bogotá tenían competencia para investigar los casos de los sindicatos y sindicalistas. Sin embargo, el 27 de junio de 2014 se le quitó dicha competencia al segundo de ellos (11º) y el 7 de julio de 2016 la del tercero Al incluirse de nuevo la competencia del Juzgado 11º, el 1 de noviembre de 2017 tercero (Consejo Superior de la Judicatura, 2017), solo serán estos los dos únicos despachos que tramitan y fallan los crímenes contra sindicalistas. Peor aún, su competencia solo tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021.
Faltan garantías para la protección integral y colectiva de sindicalistas
Pese a los esfuerzos realizados por mejorar su operatividad, el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue presentando falencias en su estructura, enfoque, eficacia y seguimiento debido a que las medidas y los esquemas establecidos siguen siendo insuficientes e ineficaces para cumplir los objetivos de protección a sindicalistas trazados en el PAL. Por ejemplo, desde el 2018 se destinaron recursos para la implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional (UNP, 2018), sin embargo, para el 2020 el balance de gestión había sido apenas del 4% (UNP, 2020).
De manera que, después de una década de creada la entidad, sigue presente la falta de efectividad de las medidas implementadas por esta. La tardanza en los trámites de evaluación del riesgo y de asignación de medidas, la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación, desagregados por sector poblacional, y la falta de inclusión de un análisis de contexto son ejemplos de las falencias persistentes. Pero no solo eso, desde el 2014, tan solo tres años después de creada la UNP, la entidad ha estado involucrada en escándalos de corrupción y malversación de fondos. Se han conocido manejos presupuestales y administrativos deficientes ; cobros informales a escoltas para ingresar, mantener sus puestos o mejorar sus condiciones de trabajo y hasta la filtración de información a grupos criminales sobre esquemas de seguridad por parte de miembros de la entidad. Se concluye que, pese al incremento de presupuesto, las instituciones no han fortalecido de manera efectiva la protección de sindicalistas y activistas sindicales. Inclusive durante el periodo reciente, han sido sistemáticos los retiros parciales y totales de esquemas de protección a sindicalistas.
Muestra de ello, es lo sucedido durante la pandemia con dirigentes sindicales de Fecode, entre ellos, Isabel Olaya, Martha Alfonso, Domingo Ayala, a quienes se le retiraron parcialmente las medidas de seguridad. A Luis Edgardo Salazar le fue entregado un botón de pánico. Mientras que, Juan Carlos Martínez le retiraron el esquema de protección.
A manera de recomendación
Ante la persistencia de la violencia antisindical se requieren acciones articuladas para transformar esta realidad, las cuales deberían apuntar al desmonte la cultura antisindical que legitima la violencia, al esclarecimiento y reconocimiento de la violencia antisindical como una condición necesaria para la no repetición, a la superación de los altos índices de impunidad que limitan el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas, y a la reparación colectiva e integral del sindicalismo. Así como a la promoción de reflexiones en torno a la necesidad, la legitimidad y la importancia del libre ejercicio de la actividad sindical como una condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz.
Tomado de: https://ail.ens.org.co/informe-especial/los-derechos-humanos-la-democracia-la-paz-y-la-libertad-sindical-agendas-en-crisis-2/
Be the first to comment