En el último año, la crisis mundial desatada por el covid-19 afectó también las agendas laborales y sindicales. En Colombia se profundizaron algunos problemas estructurales, entre ellos, la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la precarización laboral, la discriminación, la violencia, la restricción de las libertades y el autoritarismo. Ante esta difícil situación, no se ofrecen trabajos decentes, ni se garantiza la libertad sindical; persiste, en cambio, la violencia antisindical. La vulneración a los derechos de la población trabajadora es crítica, hasta tal punto que después de 12 años, en mayo de 2021, Colombia volvió a la lista de países llamados ante la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para rendir cuentas por la violación del Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (El Espectador, 2021).
Según la Confederación Sindical Internacional (CSI), Colombia está entre los diez países con peores condiciones para las trabajadoras y los trabajadores:
Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas, habiéndose registrado 22 asesinatos en 2020-2021. La mayor parte de los crímenes siguen sin resolver, ya que el Gobierno sigue sin asignar los medios necesarios para efectuar una investigación oportuna y el procesamiento de los responsables. Al no otorgarles la protección adecuada, las vidas de los sindicalistas y sus familias continúan permanentemente amenazadas. Dice el informe de la CSI.
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